Desde este martes en diputados el exministro de Justicia en el periodo de gobierno de Mauricio Macri, se presentara para exponer a partir de las 13 a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sobre el accionar de la Corte Suprema durante su gestión, en el marco del proceso de juicio político a los cuatro integrantes del máximo tribunal que se inició en febrero pasado en la Cámara baja.
Desde que se inició en el temario por el pedido del presidente Alberto Fernández para tratar los temas parlamentarios, hubo un comienzo hacía la Comisión de Juicio Político, y si bien fue una de las más activas de la cámara baja con la apertura del proceso contra los jueces de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) y recibió varios testigos, en el marco del proceso de remoción iniciado a principios de febrero.
En esta nueva convocatoria, la comisión citó a varios periodistas, en la propuestaque fue llevada a cabo por el FdT para que ratifiquen lo expresado en artículos periodísticos sobre la secuencia que precedió al "fallo Muiña" (2x1) de la Corte, con el aval de tres de los cinco magistrados que en ese momento integraban el máximo tribunal de la Corte.
Ahora por otro, se trata de la quinta reunión testimonial de la Comisión de Juicio Político que analiza la conducta de los magistrados del máximo tribunal, y Garavano había sido citado a declarar como testigo en la última reunión del cuerpo, pero envió una nota en la cual anunció la "imposibilidad de concurrir" y pidió reprogramar la audiencia.
Así también se teiene en cuenta que en la última convocatoria tampoco, asistió el senador del PRO, José Torello, exjefe de asesores de Presidencia, al igual que Garavano por medio de un escrito a la comisión, dijo que "la Cámara de Diputados carece de competencia para citarme a ser interrogado en razón de mi condición de Senador de la Nación, por lo que hago saber a la señora presidente (Carolina Gaillard) que no avalo ni admito interrogatorio alguno que menoscaben la inmunidad que protegen la función que ejerzo por mandato popular".
Es por eso que uno de los legisladores más activos en la Comisión de juicio políco de la Corte, el diputado del FdT, Leopoldo Moreau, sostuvo en su cuenta de Twitter que "la lucha por una Justicia independiente y transparente no la van a frenar extorsiones mafiosas de operadores judiciales o mediáticos", en referencia al proceso que se desarrolla en la Comisión de Juicio Político.
Se comprende que esta será una de las últimas reuniones de la Comisión, también expusieron la exenfermera Gladys Cuervo, víctima de la dictadura en el Hospital Posadas, quien sostuvo que el fallo del "2x1" que benefició a Luis Muiña, uno de sus torturadores.
En el año 2017, se dicto el fallo de la Corte para la víctima del terrorismo de Estado se trató de "una amnistía encubierta" para los represores ordenada por "el partido judicial que vino a continuar con la obra del partido militar".
Las preguntas formuladas por diputados del FdT, encabezados por Rodolfo Tailhade y Hugo Yasky, fueron cuestionadas por legisladores de Juntos por el Cambio (JxC), que acusaron al oficialismo de "hostigar y revictimizar" a los testigos que comparecen ante la Comisión.
Otro de los testimonios fue el de Zulema Chester, hija de Jacobo Chester -secuestrado y torturado por Muiña en el centro clandestino de detención ilegal que funcionó en el Hospital Posadas- que afirmó que "la Corte Suprema eligió al represor para gestar el principio del 2x1, una decisión "que cayó muy mal" entre los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la última dictadura militar.
En el marco del proceso, las autoridades de la Comisión de Juicio Político pidieron al Procurador General interino, Eduardo Casal, que se tomen las "medidas disciplinarias correspondientes" contra el fiscal federal Carlos Stornelli, ante la renuencia del funcionario a concurrir a dar testimonio ante el organismo parlamentario, que lo citó en dos oportunidades.
El 26 de enero pasado, la Cámara de Diputados abrió el debate en comisión sobre los 14 proyectos que planteaban el juicio político a los miembros de la Corte Suprema por distintas causales, entre ellas haber dictado el fallo para aplicar el principio del 2x1 a represores condenados o haber resuelto en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires la polémica por los fondos coparticipables adicionales que Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.
Finalmente, el proceso se inició el 9 de febrero con la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema, luego de que el FdT consiguió imponer su mayoría para aprobar en la comisión la apertura del sumario y la acumulación de pruebas que sostengan la acusación contra Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti.