Bukele: ¿imagen de una gestión eficiente o de retórica populista?

Promocionada como la “cárcel más grande de América”, fue construida en una zona rural desolada de Tecoluca, espacio ubicado a unos 74 kilómetros de San Salvador, capital de este país centroamericano.

Su tamaño alcanza las 116 hectáreas de terreno, mientras que los espacios construidos suman 23 hectáreas de edificaciones tipo galpones que estarán custodiados por 600 efectivos de las fuerzas armadas y 250 de la Policía Nacional Civil.

En los ocho gigantescos galpones que poseen pabellones de confinamiento y cuartos de castigo sin luz, se estima mantener incomunicados con el mundo exterior a más de 40.000 reclusos que son calificados por el Gobierno salvadoreño como “terroristas”.

Además de estar aislado de vías de comunicación o cercanía con zonas pobladas de El Salvador para hacer difícil cualquier fuga, posee 2.1 kilómetros de cercas y 19 torres de vigilancia, así como equipos de control de acceso con escáner corporal y de paquetes.

¿Campo de concentración?

Tras difundirse los videos donde se observa el traslado de más de dos mil reos presuntamente pandilleros pertenecientes a las “maras” a este centro penitenciario de máxima seguridad, surgieron críticas en torno al trato inhumano que se observaba en las imágenes donde presos con la cabeza rapada, el torso al desnudo, portando short blanco y descalzos, eran arriados hacia las unidades de transporte que los llevarían a esta “megacárcel” donde Bukele dijo “vivirán por décadas”.

Entre las críticas que surgieron tras estas imágenes estuvo el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien calificó de “dantesca” esta cárcel y la comparó con los campos de concentración promovidos por el nazismo alemán en Europa.

“Hay un campo de concentración en El Salvador. Hay miles y miles de jóvenes encarcelados que le dan a uno escalofríos. Hay gente que le gusta ver a la juventud dentro de las cárceles y creen que eso es la seguridad”, expresó el jefe de Estado neogranadino.

Tras un intercambio de mensajes entre ambos presidentes por las redes sociales donde Bukele apuntó a señalar que “los resultados pesan más que la retórica” y cuestionó la política de seguridad implementada por Petro, todo culminó con la invitación por parte del neogranadino a realizar un foro internacional donde se discutan ambas políticas.

Según la Organización de Naciones Unidas en su documento “Los derechos humanos y las prisiones”, acordado en Ginebra en el año 2005, “toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

Además, enfatiza que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. No hay excepciones”, y considera como tortura “todo acto por el cual se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales”

También advierte que “se definirán como malos tratos otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura”.

Contrario a estos preceptos acordados por los Estados que integran el Consejo de DD.HH. de la ONU, el presidente salvadoreño hizo alarde de las condiciones precarias en que serán confinados estos reclusos a los cuales no les será permitida la visita y serán sometidos a un régimen alimenticio mínimo a base de frijoles y tortillas.

“Las condiciones de los reos son extremadamente duras, duras y frías, pero más duras y frías fueron las tumbas donde ellos (maras) dejaron a 120 mil salvadoreños. Ellos no tienen derecho a visitas, no tienen derecho a llamadas, no tienen derecho a ningún contacto con el exterior, tienen una cama de metal sin almohadas ni cobijas, sin absolutamente nada, y su comida será una tortilla y frijol en la mañana, y frijol y tortilla en la noche por 45, 30, 20 años”, exaltó con orgullo Christian Guevara, diputado perteneciente al partido de Bukele.

A la par de estas ausencias en el cumplimiento de las condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos que justifican bajo la necesidad del “castigo ejemplar”, esta política instaurada por el Ejecutivo no cuenta con el debido proceso, por lo que estos confinados no han sido sometidos a juicios para señalar su culpabilidad o inocencia. Para esta acción la justificación son los tatuajes que utilizan las maras salvadoreñas.