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En plena crisis de homicidios, Costa Rica cambia la ley para combatir el crimen organizado

En plena crisis de homicidios, Costa Rica cambia la ley para combatir el crimen organizado

Costa Rica cerró 2022 como el año más sangriento registrado con 657 asesinatos, pero en lo que va de 2023 ya se registran 369 muertes

📰 Noticias 31/05/2023
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@elfiltro

En respuesta al aumento de homicidios que ha visto la nación desde el año pasado, Costa Rica cambió sus leyes para aumentar la duración de la detención preventiva y los períodos de investigación. Esto se hizo para luchar contra el crimen organizado.

La nueva normativa de Costa Rica incluye la posibilidad de ampliar de 12 a 24 meses los períodos de prisión preventiva de los investigados por estos delitos, así como la ampliación de los plazos para la tramitación de las investigaciones judiciales por delincuencia organizada. Previo al 6 de junio, cuando varios líderes de bandas criminales estarían cumpliendo sus penas de prisión preventiva, las autoridades habían instado a la implementación de la ley. De aprobarse la reforma, podrían aumentar sus órdenes de prisión preventiva.

Costa Rica cerró 2022 como el año más sangriento registrado con 657 asesinatos, pero en lo que va de 2023 ya se registran 369 muertes de este tipo, de las cuales 219 han sido catalogadas como "ajuste de cuentas" relacionadas con el conflicto entre bandas involucradas en el narcotráfico.

El martes, la modificación de la ley en Costa Rica que ya había sido consensuada con el poder judicial y aprobada rápidamente por la Asamblea Legislativa fue firmada por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves. En un acto especial realizado en Palacio Presidencial, lo hizo junto a los líderes de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.

Según el presidente, es hora de "avanzar como una sociedad comprometida con la lucha contra el crimen organizado".

La nueva ley modifica los requisitos para desempeñarse como juez de proceso en los Tribunales de Delincuencia Organizada y establece una evaluación cada dos años para el personal de esta jurisdicción, quienes también tendrán protección especial dado el riesgo de su trabajo. Además de otras medidas, la ley permite el procesamiento de casos de delincuencia organizada tanto a través de canales ordinarios como especiales.

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